Una estación llamada cabreo

En estas últimas semanas y muy especialmente tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut se han dicho y escrito auténticas barbaridades, como si hubiera barra libre para ver quién la dice mayor. Es tal el ruido mediático que se ha producido que ya resulta difícil distinguir las voces de los ecos. La opinión pública está confundida porque los mensajes que recibe son contradictorios. El ruido mediático nos recuerdan a esa insoportable vuvuzela que hace casi imposible distinguir la verdad y la mentira. Por eso nos parece pertinente desde esta tribuna de opinión analizar con sosiego para saber distinguir la sinceridad y la impostura de los políticos de brocha gorda para lo cual necesariamente tenemos que acudir a la génesis de esta especie de metafórico choque de trenes que ha producido la sentencia del TC.

En sus veintitrés años al frente del Govern de la Generalitat, Jordi Pujol nunca planteó la reforma de l’Estatut, no por falta de ambición nacionalista, sino por realismo político. Pujol siempre tuvo los pies en el suelo y sabía que la reforma de l’Estatut era inviable sin una previa reforma de la Constitución. Y era de puro sentido común: l’Estatut se redactó en base a la Constitución de 1978 y no a la inversa.
La estrategia cambia radicalmente cuando irrumpe en escena Pasqual Maragall como candidato a la presidencia de la Generalitat, y simultáneamente Pujol anuncia su sucesión en favor de Artur Mas. Maragall levanta la bandera del Nou Estatut como banderín de enganche y, consciente de que va a necesitar pactos con otras fuerzas para derrocar a CiU, enrola en esta aventura a ERC. En ese momento en Madrid gobierna el PP. Plantear un Nou Estatut tiene nulas posibilidades de salir adelante, pero se produce el atentado del 11-M y el inesperado vuelco electoral. Con Zapatero en la Moncloa, la barrera del PP desaparece. Eso toma cuerpo cuando el propio presidente Zapatero afirma que aprobará l’Estatut que salga del Parlament, confiando ciegamente en sus correligionarios del PSC. Para atar esta operación se carga a Maragall y coloca al frente del puesto de mando a su ministro de Industria, José Montilla. Zapatero es un iluso, un hombre de regate corto. Unos y otros pierden de vista la realidad: En un Estado de Derecho, no son los políticos sino los jueces quienes tienen que validar una modificación de la máxima Ley (la Carta Magna), si es que alguien la recurre. Cualquier estudiante de Derecho Constitucional sabía que el Nou Estatut aprobado en el Parlament era inconstitucional porque alentado por ERC no planteaba un Estado federal sino otro de corte confederal. Tras imprevistas y nocturnas negociaciones secretas, Zapatero y Artur Mas, llegan a un acuerdo político a espaldas de Maragall. Aquel acuerdo fue aprobado en el Congreso y bendecido por el 49% de los ...